Una denuncia a finales de 2021 de Ecologistas en Acción ha sido admitida a trámite en el Juzgado de Instrucción número 7 de Lorca. El motivo: una macrogranja presuntamente ilegal por carecer de licencia urbanística y licencia de actividad.
Entre medias, tampoco dispone de Declaración Ambiental Integrada. Tampoco de recursos hídricos lícitos que permitan el suministro de agua, una condición fundamental para realizar la actividad porcina que la empresa Jisap está realizando en el paraje de El Campillo.
1.888 cerdas reproductoras que la empresa, cercana a Puerto Lumbreras, ha alojado y para las que Ecologistas en Acción pide el cese de la actividad. Más aún cuando el empresario de Jisap presentó en 2021 una declaración responsable para arreglar el tejado de dos de las naves existentes. Sin embargo, como explica a Onda Cero José Manuel Muñoz, abogado de Ecologistas en Acción, la acción fue mucho más allá.
Seis naves nuevas, sala de incineración, balsa de purines, embalse de agua… El complejo de la macrogranja creció mucho más de lo establecido y, en sus palabras, no está cumpliendo con la legislación que requiere un complejo ganadero y todo sin ninguna licencia urbanística del ayuntamiento de Puerto Lumbreras, pues el plan general urbanístico está parado.
Junto a ello, el informe del Seprona, del que también se hace eco onda Cero, y que apunta a que las obras realizadas —tanto nueva como de reforma— se ha hecho sin licencia urbanística. A ello se debe sumar a que en el Registro Regional de Explotaciones Porcinas sólo se permitían dos naves, frente a las seis de la actualidad, además de realizar una actividad económica para la que carece de licencia.
La última vuelta de tuerca, también admitida por el Seprona, apunta a que las balsas de purines se han realizado en la zona de protección del cauce de dominio público, para el que carece de autorización de la Confederación Hidrográfica del Segura, amén de haber construido un embalse y un desmonte sin tener autorización para ello.
A su vez y como se trasluce de la información de Onda Cero, Ecologistas en Acción no sólo apunta a Jisap, sino también pide la imputación de María Ángeles Túnez, alcaldesa de Puerto Lumbreras, por permitir la construcción de la macrogranja sin licencia urbanística.
Para ello hay que retrotraerse a 2021, cuando Ecologistas en Acción denunció la situación, que el ayuntamiento murciano ha tardado hasta dos años en incoar y llevar a trámite judicial. Una realidad que además apunta a irregularidades en la licitación, pues la primera inspección municipal se realizó en diciembre de 2021, apuntando que "se habrán de comprobar si cuentan con licencia de obras".
Como colofón, una segunda visita, en enero de 2022, apreció que se habían renovado las instalaciones y aumentado la superficie construida, apreciándose además una modificación de la actividad, autorizada por la firma del jefe del servicio de producción animal de la consejería, Enrique J. Navarrete, como aparece en una autorización firmada en poder del empresario.
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Por este motivo, la denuncia de Ecologistas en Acción también implicaría a Navarrete, además de a la regidora del consistorio lumbrerense.
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