Este varapalo a la conocida empresa de reparto a domicilio se debe a que Glovo seguía manteniendo a falsos autónomos en su plantilla, tanto en Barcelona como en Valencia. La sanción, que exactamente es de 78,9 millones de euros, afectará a un total de 10.614 empleados. De ellos, 8.331 residen en la capital catalana y el resto (2.283) trabajan en la valenciana.
Dicha inspección considera que estas personas son falsos autónomos “que dependen y son ajenos” a Glovo y que esta empresa debería haberlos incluido en plantilla, como se recoge en la llamada ley rider que entró en vigor hace ahora algo más de un año.
A este respecto, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que, además, se ha procedido a la regularización de estos repartidores y ha advertido: “Estamos ante una auténtica actuación de falsos autónomos y el peso de la ley va a caer sobre esta empresa, como ya ha caído con la Inspección”.
Y es que parece ser que, aunque la normativa obliga a las empresas de delivery a contratar a los empleados, Glovo ha seguido manteniendo su formato de autónomos. La sanción, todo hay que decirlo, se ha decidido después de varias inspecciones, con sus correspondientes encuentros con la empresa y entrevistas con los trabajadores, y de un “examen de todo tipo de documentación con trascendencia para la verificación del cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad social”.
La Inspección, que es un organismo dependiente de la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social, ha apuntado que “la empresa no es una mera intermediaria en la contratación de servicios entre comercios y repartidores, sino que presta servicios de reparto y mensajería fijando las condiciones esenciales de prestación de dicho servicio”. A lo que ha añadido: “Se constata que en la relación entre la empresa y los repartidores concurren las notas de dependencia y ajenidad propias de la relación laboral”.
La obstrucción no ha ayudado
En realidad, la multa en Barcelona corresponde a 39 millones de euros, a lo que hay que añadir otros 24 millones por cotizaciones no pagadas a la Seguridad Social. Por su parte, en Valencia, las actas de infracción suman 10,7 millones, mientras que las actas de liquidación ascienden a un total de 5,05 millones.
Y a todo se ve incrementado con 2.500 euros más debido a la multa impuesta por obstrucción a la labor inspectora. Como ha señalado Díaz a su llegada al Congreso para la sesión de control al Gobierno, se trata de algo "gravísimo”. Y la ministra ha aprovechado para acusar a Glovo de “vulnerar” los derechos laborales de sus trabajadores. “Tienen que cumplir la ley”, ha rematado.
Cabe señalar que otras empresas de la competencia, desde la entrada en vigor de esta ley en agosto de 2021, como Just Eat y Uber Eats, dejaron de mantener la operativa con trabajadores autónomos. En el caso de Just Eat, hablamos de trabajadores que están en plantilla. Uber Eats, por su parte, ha decidido subcontratar el servicio a empresas que tienen a su vez contratados a los repartidores.
Conviene señalar que todas las compañías de delivery que han desembarcado en España tras la entrada en vigor de la normativa, como las marcas de reparto ultrarrápidas Getir y Gorillas, tienen a sus repartidores contratados de forma directa. Por el contrario, Glovo se ha limitado a contratar a aquellos empleados que reparten productos de supermercados fantasma.
Lifewit Bolsa Térmica Porta Alimentos con Paquete de Hielo Doble Compartimentos Aislamiento Bolsa de Almuerzo Para Hombres,Mujeres,Niños,Bebé,Bolso Térmico Para Camping,Excursión,Playa Refrescos,7L
La idea, según los sindicatos, es que estas sanciones de Inspección de Trabajo sirvan para que este tipo de empresas hagan un cambio de actitud. Ya que no es la primera vez que reciben una multa de este tipo en lo que va de año, como la impuesta a principios del verano por 2,06 millones (incluidas actas de liquidación) por mantener como autónomos a 351 empleados en Girona, Tarragona y Lleida.
Además, el pasado mes de diciembre, Glovo ya recibió una multa total de 8,6 millones de euros en Sevilla, por lo que tuvo que dar de alta en el Régimen General de la Seguridad Social a 1.316 trabajadores. Y todo apunta a que habrá más sanciones, ya que se calcula que el total de trabajadores en esta situación en todo el país ronda las 16.000 personas.
